El registro mercantil de Reino Unido procedió con la disolución obligatoria de la sociedad EuroCommerce. Esta firma, de origen británico, había sido presentada por el astillero español Cardama como garantía de fiel cumplimiento para un contrato con el Estado uruguayo. Dicho acuerdo estaba destinado a la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. La disolución se encuentra registrada en el portal oficial del organismo británico.
De acuerdo con los registros públicos, la empresa EuroCommerce fue dada de baja de manera forzosa. La medida entró en efecto el pasado 11 de noviembre. La firma figuraba como propiedad del ciudadano ruso Vladimir Suzdalev. El proceso de disolución se inició tras un aviso formal emitido por el registro mercantil el 19 de agosto.
El citado aviso advertía a la sociedad sobre la baja obligatoria inminente. La notificación señalaba que, a menos que se presentara una causa justificada para evitarlo, la empresa sería disuelta en un plazo inferior a dos meses. El registro mercantil añadió una advertencia crucial sobre el destino de los activos de la compañía una vez efectiva la disolución.
Garantía de patrulleros uruguayos se disuelve: bienes pasan a la Corona
El registro mercantil fue específico respecto a las consecuencias de este procedimiento. Indicó que, una vez disuelta la sociedad, “todos los bienes y derechos que le pertenezcan se considerarán bienes vacantes”. Según la normativa británica, estos bienes pasarán automáticamente a ser “propiedad de la Corona”. Esta situación define el estatus legal final de los activos de EuroCommerce.
El contrato global entre el astillero Cardama y el Estado uruguayo tenía un valor de 82 millones de euros. No obstante, el inicio del proyecto se vio obstaculizado porque la naviera no logró cumplir con las garantías contractuales exigidas. Estas garantías consistían en una por 4 millones de euros y otra por 8 millones de euros, necesarias para la validación del contrato.
Después de un período de once meses y múltiples intentos, Cardama finalmente obtuvo una garantía del EuroCommerce Bank. Este documento fue presentado ante el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay y fue aceptado por las autoridades de la época. La garantía permitió el avance formal del proceso de adquisición de las embarcaciones.
Acciones del Estado uruguayo
Frente a la disolución de la empresa que avalaba la garantía, el Poder Ejecutivo uruguayo adoptó medidas legales. Se resolvió contratar los servicios del estudio jurídico británico Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, con sede en Londres. La firma tiene como mandato representar al Estado uruguayo en todas las acciones legales vinculadas a esta garantía incumplida.
El gobierno de Uruguay ha anunciado que presentará denuncias ante distintas agencias del Reino Unido especializadas en delitos financieros. Esta decisión se basa en que la emisión del aval de EuroCommerce, que cubría el 5% del valor del primer buque patrullero, fue formalmente declarada en ese país. Las acciones buscan investigar las circunstancias de la emisión y posterior disolución.
A finales del mes de octubre, el gobierno uruguayo ya había presentado una denuncia penal contra el astillero Cardama. Esta acción legal se produjo luego de que se intentara, sin éxito, ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. El incumplimiento de Cardama se relaciona con no presentar la renovación de dicha garantía ante su inminente vencimiento, establecido para el 22 de octubre.
Una firma falsificada en una garantía inverosímil
Recientemente, se incorporó un nuevo elemento al caso. El notario español Luis Calabuig de Leyva presentó una denuncia penal ante la Dirección General de la Policía Nacional de España. La denuncia se basa en la detección de que su firma fue falsificada en un documento que formaba parte de la garantía presentada por EuroCommerce. Esto añade una capa adicional de complejidad legal a la investigación.
El astillero Cardama no había podido iniciar la construcción de las patrulleras al no reunir las garantías financieras requeridas en los plazos estipulados. La obtención del aval de EuroCommerce Bank fue vista como la solución que permitiría el comienzo efectivo de los trabajos. La posterior disolución de la firma británica dejó sin efecto esa garantía.
La situación actual coloca al contrato en un estado de incertidumbre legal y financiera. Las autoridades uruguayas están actuando a través de canales legales internacionales para proteger los intereses del Estado. La representación legal en Londres y las denuncias presentadas forman parte de esta estrategia para resolver el incumplimiento contractual.
Fuente : lr21.com.uy
