Un juzgado y un tribunal habían desestimado el reclamo, pero el máximo órgano condenó al Ministerio del Interior a pagar US$ 47 mil.
La Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia el pasado 13 de agosto para condenar al Ministerio del Interior a indemnizar a los familiares de una mujer que fue asesinada tras haber declarado como testigo en un caso de homicidio.
El caso se remonta a mayo de 2017. La víctima había declarado en una investigación penal y se encontraba bajo medidas de protección dispuestas por el juez, pero estas se redujeron a un patrullaje esporádico por parte de la Policía, sin vigilancia permanente ni contacto directo con ella.
La SCJ señaló en su resolución que no existe constancia de que la custodia se hubiera ejercido de manera adecuada y que, durante más de diez días, la Policía no tuvo conocimiento del paradero de la mujer.
Pese a ello, el 9 de mayo de 2017 la fuerza solicitó el levantamiento de la medida de protección, sin que existiera una orden judicial que así lo dispusiera. Un día después, la mujer fue baleada en la cabeza y falleció al día siguiente en el Hospital Maciel.
La madre y el hermano de la víctima iniciaron una demanda civil contra el Ministerio del Interior y contra el Poder Judicial reclamando indemnizaciones por daño moral, daño emergente, lucro cesante y daño premuerte. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno desestimó la acción, y en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno confirmó esa resolución.
La sentencia de la SCJ establece que existió una falta de servicio por parte del Ministerio del Interior y que no resulta atendible el argumento de que la víctima se había mudado sin informar a la Policía. La sentencia indica que se actuó con “grave negligencia” al desentenderse de su paradero.
Según los ministros, era deber de la fuerza de seguridad adoptar todas las medidas necesarias para conocer los movimientos de la testigo y garantizar su integridad, y no consta que se hubieran hecho gestiones mínimas para ubicarla cuando desapareció de su domicilio original.
El fallo condena al Ministerio del Interior a pagarle US$ 28.000 al hijo de la mujer —que tenía cinco años al momento del crimen y cuya indemnización estará depositada en una cuenta hasta que cumpla la mayoría de edad—, US$ 212.000 a la madre, US$ 5.600 al hermano y se reconoce un honorario de US$ 1.200 a la curadora ad litem que representó al niño durante el proceso, suma que se descontará de la indemnización correspondiente al menor.
Causa Abierta.
