El Consejo Fiscal Asesor (CFA) presentó este jueves su informe semestral sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural (RFE) al cierre del año 2024.
El CFA es un órgano “de carácter técnico, honorario e independiente” que asesora al MEF en materia de política fiscal, establecido por el artículo 210 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en el actual período de gobierno de Luis Lacalle Pou.
Los consejeros Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós, secundados por el secretario ejecutivo Ignacio Umpiérrez, consideraron que el cálculo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “se ajustó a la metodología vigente”.
Sin embargo, se indica que en 2024 el gobierno “incumplió” la regla fiscal, destacada como “un avance significativo para la institucionalidad fiscal”.
“Por primera vez desde la creación de la nueva institucionalidad fiscal en 2020, se observó en 2024, simultáneamente, un incumplimiento en las metas indicativas de los pilares 1 y 2, y la activación de la cláusula de salvaguarda del pilar 3 de la regla fiscal”, señala el informe.
La regla fiscal tiene tres pilares fundamentales para su cumplimiento, según lo establecido por las autoridades de la cartera: resultado fiscal estructural (aplicado al Gobierno Central y Banco de Previsión Social medido en relación al Producto Interno Bruto y depurando ciclos económicos), egresos primarios (medidos en dólares corrientes) y endeudamiento neto (medido en dólares corrientes).
En ese sentido, el CFA dice que, en cuanto al primer pilar, “el RFE se ubicó en -3,7%”, que es “0,8 puntos porcentuales del PIB de desvío respecto a la meta de -2,9% fijada en la instancia de cierre fiscal 2023 (febrero de 2024)”.
Sobre el segundo pilar, también se sobrepasó el máximo indicado. “La variación del gasto primario real del GC-BPS fue de 4,7%, por encima del tope asociado al crecimiento del PIB potencial estimado y vigente para 2024 de 2,8%”, explica.
Con respecto al tercero, el consejo sostiene que se utilizó el “50% de la holgura” de la cláusula de salvaguarda activada, que llevó “el tope legal de endeudamiento de US$ 2.300 millones (RRCC 2022) a US$ 2.990 millones”, ya que el endeudamiento neto cerró en US$ 2.644 millones.
Sobre este punto, el órgano asesor expresa su “desacuerdo” con el uso de la salvaguarda, ya que critican que fue motivada “por ‘sustanciales cambios en precios relativos’”.
“El CFA entiende que no es conveniente, desde un punto de vista institucional, la activación de la cláusula de salvaguarda en 2024 dado que la ambigüedad asociada a su justificación podría llevar, en el futuro, a invocaciones arbitrarias y frecuentes de la cláusula, lo que potencialmente desvirtuaría la naturaleza de un instrumento valioso como lo es una cláusula de escape para una regla fiscal”, asevera el documento.
Además, se sostiene que los cambios en precios relativos no fueron “sustanciales” visto “desde una perspectiva histórica”, y que ya se tenía conocimiento “al inicio del ejercicio y al presentarse la Rendición de Cuentas de 2023 (junio de 2024), y por tanto, no debería ser considerado como un evento inesperado”.
Acerca del “incumplimiento de las metas fiscales”, el informe del CFA afirma que el gobierno cometió “errores de pronóstico en la estimación de la inflación (para 2023 y su efecto de arrastre hacia 2024) y su impacto en la recaudación nominal de la DGI [Dirección General Impositiva], así como la propia menor recaudación real del organismo”.
“En ese contexto, si bien el gasto nominal se mantuvo en línea con lo estimado en la Rendición de Cuentas de 2022 (junio de 2023), la política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos estructurales de esa evolución adversa de la recaudación, evidenciando una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral”, agrega.
Así, aseguran que este “incumplimiento” es “una señal de preocupación ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con la sostenibilidad intertemporal del cociente de deuda bruta sobre PIB”.
El CFA también dio lineamientos fiscales de cara al 2025, caracterizado por la transición de gobierno el 1° de marzo, cuando asuman las autoridades de la Administración que encabezará Yamandú Orsi.
“El CFA considera que en un marco quinquenal móvil de proyecciones, la política fiscal en 2025 debería guiarse por los objetivos establecidos en la Rendición de Cuentas de 2023 (junio 2024)”, indica.
En esa línea, se recomienda una “meta indicativa” de RFE del -3,0% del PIB y “un tope de crecimiento al gasto primario real del GC-BPS” del 2,5%.
Con respecto al tercer pilar, de endeudamiento, el consejo no lo ha definido.
“Sobre la programación fiscal del Presupuesto Nacional 2025-2029, el CFA señala la importancia no solo de apuntalar el enfoque estructural de las finanzas públicas, sino también de adoptar un criterio de prudencia a la hora de evaluar medidas de política económica con impacto permanente al alza en el gasto y/o a la baja en los ingresos”, sentencia el CFA.
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