El caso involucra seguimientos irregulares al presidente del PIT-CNT con fines de desprestigio, y ha generado tensiones por decisiones judiciales que obstaculizan el acceso a evidencia que puede ser clave.
El abogado de Marcelo Abdala, Luis Acosta, subrayó la necesidad de continuar investigando los operativos de seguimiento realizados por el exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, en 2022, que buscaron vincular al líder sindical con una boca de pasta base. Según dijo Acosta a la diaria, se han recolectado pruebas que indican irregularidades con intenciones espurias, y no descarta la incorporación de nuevos elementos para avanzar en el caso.
El episodio comenzó tras el accidente de tránsito protagonizado por Abdala en febrero de 2022, cuando Astesiano, en contacto con asesores y funcionarios policiales, desplegó acciones destinadas a afectar su imagen pública. Estas incluyeron la utilización de imágenes del Centro de Comando Unificado y la organización de operativos antidroga en un local comercial frecuentado por el sindicalista, que resultaron infundados.
“Es fundamental esclarecer quiénes estuvieron al tanto de estas acciones y con qué objetivo se realizaron. Esto no solo afecta la integridad de Marcelo Abdala, sino también la confianza en las instituciones”, concluyó Acosta.
El caso también salpicó a la Presidencia, ya que un chat divulgado en el libro “El caso Astesiano” demuestra que Lacalle Pou recibió información de los operativos contra el líder sindical.
Pese a la relevancia del caso, la Fiscalía ha enfrentado obstáculos para acceder a información clave, como la totalidad de los chats entre Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou, que fueron excluidos de la investigación en 2022 mediante un acuerdo con la entonces fiscal Gabriela Fossati. A mediados de octubre, el juez Ruben Etcheverry ordenó la devolución del celular de Astesiano, contraviniendo el pedido de la fiscal Sabrina Flores para realizar nuevas pericias.
Estas decisiones, sumadas a la negativa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el exfiscal Juan Gómez de autorizar el análisis del dispositivo, han generado críticas dentro del sistema judicial. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay consideró que estas resoluciones vulneran el principio de independencia técnica de la Fiscalía.
Causa Abierta
