Charles Carrera, senador del Frente Amplio, dijo respecto al archivo del caso Marset que el fiscal subrayó en su dictamen que dos ministros y dos subsecretarios “le mintieron al Parlamento y a la ciudadanía”.
Una vez conocida la decisión del fiscal Alejandro Machado que este archivó el caso que investigaba por la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset, el senador Carrera realizó una evaluación en rueda de prensa.
Explicó que de lo expresado por el magistrado destaca que autoridades del gobierno le mintieron al Parlamento y a la ciudadanía.
Consideró que el Frente Amplio llegó a esta conclusión por las denuncias efectuadas tras la interpelación de aquel 22 de agosto de 2022 y tras haber realizado un pedido de acceso a la información pública.
Fue así como se dio con la información concreta del diálogo entre el dos de Interior y la dos de Cancillería, Guillermo Maciel y Carolina Ache, en el que se señala que Marset era un delincuente “peligroso y pesado”, por lo que había que tener cuidado a la hora de expedirle el pasaporte.
“Lo primero que podemos decir es que esta madeja la comenzó a desenredar el Frente Amplio. A partir de esa situación que descubrimos nosotros a través de la interpelación, del acceso a la información pública, que luego acercamos a la Fiscalía, quedó comprobado que un conjunto de primeras autoridades nacionales le habían mentido al Parlamento pero no solamente eso, sino que le mintieron a la ciudadanía a su conjunto. Hoy el fiscal viene a confirmar eso (…) no nos olvidemos que esta causa se inició de oficio a partir de la interpelación”, indicó Carrera.
Y agregó: “Todavía quedamos con la interrogante por qué a sabiendas se le entregó un pasaporte un narco peligroso y pesado; esa es la gran interrogante que tiene la sociedad en su conjunto y que tenemos nosotros como como representantes de la oposición (…) por qué se le entregó un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado que es el gerente de la hidrovía y que tiene conexiones internacionales”.
Asimismo, aclaró que esta pese a este archivo hay una causa que sigue abierta, relacionada a la destrucción de documentos públicos, como es el expediente que tenía que estar en Cancillería y termina en el piso 11 de la Torre Ejecutiva en manos de un asesor del Presidente de la República (Roberto Lafluf).
